“Estamos dispuestos a jurar”, confirmó Omar Monasterio, concejal electo de Tafí del Valle. Hizo referencia a él y a su par, Damián Roldán, otro edil del Frente para la Victoria (FpV) que hasta el día de hoy no han asumido en sus cargos.
El 27 de octubre, durante la sesión en la que se iba a constituir el cuerpo de ediles tafinistos, hubo altercados y cruce de acusaciones entre los ediles opositores y los oficialistas. El acto terminó con la asunción de cuatro concejales (opositores) y con la negativa de Monasterio y Roldán a hacerlo. Además, cuestionaron el pliego de quien había sido elegido presidente. Los altercados necesitaron de la intervención policial.
Según los oficialistas, la sesión iba a ser preparatoria. Ese día no se iban a elegir las autoridades, incluso tampoco iban a jurar. Esto fue lo que desencadenó los incidentes, en los que participaron personas ajenas al concejo, según consta en el acta policial.
El tema fue judicializado cuando Monasterio y Roldán presentaron un recurso de amparo, solicitando que se declarara nula el acta de sesión preparatoria del 27 de octubre. Paralelamente, interpusieron una medida cautelar para que se dejaran las cosas como estaban hasta ese día y así no se reconociera a los concejales que habían asumido. Los miembros de la sala III de la Cámara Contencioso Administrativo resolvieron no hacer lugar a la medida cautelar porque no aparecía “configurada la situación excepcional que justifique el acogimiento de dicha medida”.
Hasta el día que comenzó la feria judicial-el primero de enero- no se expidieron sobre el recurso de amparo. “Vamos a esperar hasta marzo para ver qué decide la Justicia”, explicó Monasterio.
La intención de los ediles opositores es que la Justicia declare la nulidad del acto y todos tengan que asumir nuevamente. Además, volver a elegir al presidente del cuerpo. “Nosotros habíamos cuestionado el pliego que proponía a Francisco Caliva porque queríamos saber cómo estaba su situación judicial”, reconoció Monasterio.
Caliva, que también fue presidente del Concejo durante la gestión anterior del intendente Jorge Yapura Astorga, tiene dos causas penales abiertas. La última, de septiembre del año pasado, fue por un accidente en la ruta 307 en la que murió un joven de 15 años. El expediente todavía no se elevó a juicio.
Monasterio reconoció que, pese a no haber asumido su función de concejal, ya está cobrando el sueldo de $ 14.800. Lo mismo ocurre con Roldán.
“Hemos enviado una nota para que el intendente resuelva la situación. Si tenemos que devolver ese dinero, lo hacemos”, expresó y acto seguido sugirió que los otros cuatro concejales deberían hacer lo mismo.